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Policías de Mancera: torturas y violaciones sexuales; la muerte de los DDHH. y la democracia

Policías de Mancera: torturas y violaciones sexuales; la muerte de los DDHH. y la democracia
Por:  / 28 enero, 2015
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(28 de enero, 2015).- Vándalos, delincuentes, líderes de anarquistas, cerdos, revoltosos, son sólo algunos de los insultos, menos fuertes, que casi siempre van acompañados de agresiones físicas, utilizados por la policía preventiva del Distrito Federal, en contra de aquellos manifestantes (incluso niños y mujeres embarazadas) que alzan la voz en las calles para hacer evidente las problemáticas que imperan en el país.
Según un informe de Amnistía Internacional, publicado en abril de 2014, la tortura y otros malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, desempeñan un papel central en las actuaciones y las operaciones policiales de Distrito Federal.
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Foto: Ameyalli Díaz
“En las calles escuchas a un país hablar, ahí es donde conoces su historia”, comenta Roberto, docente de nivel básico, mientras se limpia las lágrimas rápida y disimuladamente, aunque no puede esconder cómo se le quiebra la voz.  El 13 de septiembre de 2013 fue golpeado y ultrajado física y verbalmente, por la policía del Distrito Federal, mientras se manifestaba en contra de la llamada Reforma Educativa. Llegó de la sierra del estado de Oaxaca, nunca había viajado a la capital del país, dice que “cuesta mucho dinero, pero lo hice porque llegó la noticia de que el presidente iba a reformar el artículo tercero sobre educación laica y gratuita y que se nos venía encima la reforma educativa, ésta que no propone mejoras en la educación como lo prometió en campaña, pero sí condiciona nuestro trabajo, no logramos mucho o nada y yo me quedé con cicatrices físicas y emocionales”. 
Lo anterior se contrapone al artículo 17 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, sobre principios de Actuación de los cuerpos de Seguridad Pública, donde se expone que, “los elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal, deberán servir con fidelidad y honor a la sociedad; respetar y proteger los Derechos Humanos; usar el equipo a su cargo con el debido cuidado y prudencia en el cumplimiento de su deber; recurrir a medios no violentos antes de emplear la fuerza y las armas; no infligir ni tolerar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes a aquellas personas que se encuentren bajo su custodia, aun cuando se trate de cumplir con la orden de un superior o se argumenten circunstancias especiales como amenaza a la seguridad Pública”.
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Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal (CNDHDF), en su recomendación 14/2014 emitida en diciembre pasado, documentó 47 casos de tortura cometidos a 97 personas, por parte de servidores públicos del DF. La Ombudsman, Perla Gómez Gallardo, determinó que la constante fueron los tratos crueles e inhumanos.
Puntualizando que después de las detenciones arbitrarias, llegaron los golpes en las piernas, amenazas, toques eléctricos, bolsas de plástico colocadas en la cabeza, o agua en el rostro para provocar asfixia, dichas formas de tortura fueron aplicadas por los agentes de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) y la SSP en varios casos de manifestantes, pretendiendo con ello que los detenidos proporcionaran algún tipo de información o se confesaran culpables de algún delito.
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Amnistía Internacional, agrega que las palizas duras y reiteradas, golpes simultáneos en ambas manos, en el estomago, patadas en la espalda, en los oídos y nariz inmersión de agua carbonatada, además de abusos sexuales, también forman parte de los métodos de tortura de la policía del DF, al momento de las detenciones arbitrarias.
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Esto aun cuando, según el apartado de Derechos Humanos de la página web de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), suscribe que “desarrollan la cultura en torno al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos mediante la transformación de actitudes y el incremento de aptitudes del personal operativo (y/o administrativo) de la SSP del Distrito Federal, para una mejor relación con la ciudadanía y entre sí, tendente a revalorar y dignificar el trabajo de los agentes policiales y demás servidores públicos de la dependencia”.
“Después de las elecciones presidenciales de 2012, decidí participar en una manifestación, porque no era posible que se impusiera un presidente que no se eligió y llegó al poder por medio de la compra del voto”, narra Gabriela Hernández. El 10 de julio de 2013 asistió a una marcha, en la que se conmemoró un aniversario más del Jueves de Corpus o también conocido como halconazo. “Fui detenida, por órdenes del jefe Apolo, al menos así se lo dijeron los policías. Esa tarde me arrestan con el pretexto de que yo insulté a una policía y que le aventé botellas, aun cuando hay videos donde se demuestra que caminé pacíficamente durante el recorrido”, describe Hernández.
Ese día un policía granadero le quitó la blusa y se subió encima de ella, para dar inicio a los golpes, que cesaron después de un rato, sólo para tomarle de un pie y arrastrarla por el pavimento, aproximadamente 5 metros, con la patrulla en movimiento. Dos días más tarde fue puesta en libertad a reservas de ley, porque se le acusó de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad y destrucción del zócalo. Después de eso, vio con frecuencia patrullas frente a su casa haciendo rondas, haciéndola sentir hostigada.
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El 29 de octubre nuevamente fue detenida, con la violencia física y verbal de las ocasiones anteriores, al salir de la audiencia de su amigo Jampsa, joven detenido por haber escalado la estela de luz, para colocar una manta en protesta de Televisa y que hoy se encuentra preso en el reclusorio sur, con una sentencia de siete años, siete meses.
El motivo de la detención, el cual conoció hasta un día después, era que el 2 de octubre de 2013 se dirigió a la PGJDF, después de documentar las agresiones y detenciones arbitrarias, en busca de información sobre los detenidos, y al llegar insultó por aproximadamente 45 minutos a dos policías, asimismo éstos aseguraron que, durante ese mismo tiempo les arrojó piedras, palos y botellas. Hernández afirma que “aunque ambos policías mintieron y cayeron en contradicciones, siendo ellos los que me ultrajaron aquella noche, la juez el día 30 de octubre me negó la libertad bajo fianza, y claramente me dijo: ‘eres de alta peligrosidad social, porque asistes a muchas marchas. Ya te pasaste de marchas y debes estar presa’, fue así como pasé 6 meses en el reclusorio de Santa Martha, aún sigo mi proceso y mantengo un amparo para demostrar mi inocencia”.
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En esa línea, Gómez Gallardo afirmó que “las acciones por parte de las autoridades no han sido suficientes para poner freno a la práctica de la violencia, sin contar que la impunidad y su correlativa falta de sanción fungen como factor que perpetúa e incentiva la práctica de la tortura y los malos tratos incluso por los jueces”. Violando así los derechos humanos en materia del derecho a la libertad personal, al debido proceso y al acceso a la justicia.
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Foto: Ameyalli Díaz
“Los pasos son sencillos, cuando te dan la orden te desquitas, por todas las pinches horas parado aguantando toda clase de insultos, frío o calor y dolor de cuerpo, vas golpeas, ellos tienen la culpa, eso de pacifico no tiene nada que ver, ya con el hecho de estar ahí bloqueando calles, fastidiándome las horas de descanso, es meterse con los demás que sí trabajamos y desquitamos el sueldo”, comenta Isaac, quien lleva diez años en la policía, y es integrante del cuerpo de granaderos.
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En su discurso del día del policía, en diciembre pasado, Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, afirmó “queremos una policía cercana, la confianza no se gana con las armas, no se gana con la fuerza, se gana con la cercanía, con ese contacto que tienen ustedes día a día. Vamos a ganar esa confianza de la ciudadanía y vamos a seguir demostrando que esta corporación, que esta policía de la Ciudad de México, es una de las policías más grandes y más importantes, mejor preparadas”.
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A contraposición, Isaac agrega que, “hacen pláticas sobre derechos humanos, pero como estamos tan hartos de lo mismo y tan cansados, quien va repite como disco lo mismo, y a todos nos da igual, porque a la hora de ir a una manifestación la consigna es ‘golpea, insulta, chinga, pero que no te vean’, ellos mismos se contradicen, quien lleva celular o cámara es el enemigo directo, eso es de ley”.
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La doctrina del Shock y la contrainsurgencia planificada
Gerardo Espino Balderas, activista y defensor de Derechos Humanos, quien también ha padecido el acoso por parte de policías del DF en su domicilio, levantones y amenazas, por el simple hecho de tomar fotografías y video en manifestaciones, opina que “el condicionamiento de los elementos policiacos algunas veces parece hasta maquiavélico. A muchos de los granaderos o personal de la policía auxiliar y que harán las funciones de resguardo de marchas, los hacen doblar turnos”.
Además de ello los citan desde las 5 de la mañana, aunque la manifestación sea por la tarde y durante ese tiempo provocan su enojo, incluso existen riñas entre los mismos elementos debido al nivel de estrés al que son sometidos, con el fin principal de generar el hartazgo y la violencia en ellos, para así justificar una represión. Espino Balderas asegura que “sí existe una dinámica para crear la violencia de parte del Gobierno del DF, e incluso algunos elementos se quejan de que este tipo de estrategias son usados precisamente para las manifestaciones”.
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En ese sentido, los elementos que estén a cargo de vigilar las manifestaciones, siempre será personal cansado y por lo tanto irritable que buscará desfogarse si se lo permiten u ordenan. Calificando a esto como “una doctrina del Shock”, según Espino Balderas.
Sobre el concepto, el periodista Carlos Fazio, explica que dicha doctrina “fue creada por el monetarista Milton Friedman, padre de los Chicago Boys, que introdujo a sangre y fuego el neoliberalismo en América del Sur y se basa en la aplicación de eventos violentos o traumáticos para infundir miedo, temor y pánico a los individuos, con el fin de debilitarlos y doblegarlos”.
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En palabras de Isaac, “el sueldo es miserable, el trato de la chingada y los horarios de tortura. Eso sí sabemos mucho, conocemos a algunos de los que se dicen activistas, si la policía hablará la sociedad pensaría otra cosa de algunos que juegan para ambos bandos, nosotros no resguardamos manifestaciones, vamos a castigar revoltosos”.
El 14 de enero de este año, quedó publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal los nuevos protocolos ante el Sistema Penal Acusatorio, en donde se puntualiza que los policías capitalinos, deberán usar candados de mano, abstenerse de cometer actos de tortura o intimidación, apegándose así a los derechos humanos, teniendo como única misión preservar el lugar de hechos delictuosos.
Fundamentando que las detenciones sólo se llevaran a cabo sólo si, existe mandato ministerial, jurisdiccional y cuando exista flagrancia; todo bajo la premisa de respetar los derechos humanos.
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Haciendo énfasis en el respeto, poniendo inmediatamente a disposición de la autoridad competente al probable responsable, hacerle saber sus derechos a la persona detenida, y abstenerse de cometer actos de intimidación, discriminación, tortura y cualquier tipo de trato cruel, inhumano o degradante.
Sin dejar de mencionar que si llegado el caso existe la necesidad de usar la fuerza, los policías deberán hacer prevalecer los principios de legalidad, racionalidad, congruencia, oportunidad, proporcionalidad, presunción de inocencia y no autoincriminación.
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Esto se da, semanas después de que granaderos de la policía capitalina irrumpiera en el campamento ubicado frente a la Procuraduría General de la República (PGR), como parte de un operativo que provocó el levantón de dos jóvenes activistas que protestaban por la liberación de sus compañeros, detenidos por la Policía Federal, a esto se sumó el ataque violento hacia el director general de este medio, César Hernández Paredes y Gustavo Aguado, director de Revolución 3.0 Michoacán, por haber grabado los hechos.
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Para la abogada Sofía de Robina, miembro del Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios (CAUSA), los ataques de la policía hacia los manifestantes ya son comunes en cada movimiento, aun cuando es pacífico, porque “si llevas un teléfono o una cámara eres de alta peligrosidad para ellos. Agrega “me tocó vivir de cerca la experiencia de una violación a derechos humanos; el 8 de noviembre en el contexto de Ayotzinapa, cuando sucede lo del desmán a la puerta de palacio, la policía no hizo nada de inmediato, sino que fue hasta después que comenzaron a arrestar a quien cualquiera”.
Ya que según explica “pareciera que deben de mantener un saldo de personas detenidas para exhibir que sí hicieron su trabajo, que sí hubieron revoltosos, en ese sentido, un amigo con el que fui a la marcha, antes de retirarnos vio como detenían a un chico de forma violenta, como es normal tomó el celular y comenzó a grabar el hecho, de pronto un civil lo señaló, fue así como la policía fue tras él, lo detuvieron, le golpearon la cabeza hasta sangrar y le quitaron el teléfono, porque para ellos parecen sentir la amenaza latente de que se evidenciará su actuar ilegal”.
De Robina coincide en que las malas condiciones de trabajo, doblar jornadas y estar durante varias horas en una posición, son algunos de los elementos para la rabia que surge en los elementos policiales, quienes al recibir la orden de proceder, lo hacen para atacar, “y lo preocupante es que pocas veces hay investigaciones hacia los policías que actúan de forma ilegal, mucho menos para quienes dan las ordenes, no se sabe ni quiénes son”, agrega.
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Pareciera que el gobierno en turno decide hasta qué punto se puede mantener la indignación y cuando ordenar que ya fue suficiente y los manifestantes deben detenerse, cuando ya no le parece, cuando ya afecta su gobernabilidad, entonces en ese momento el mensaje es “hasta aquí llegaron y ya no podrá seguir manifestándose de esta manera”, comenta De Robina.
Asimismo enfatiza que la policía incumple todas las normas y protocolos de Derechos Humanos en pocos minutos dentro de una manifestación, fue así como perdió la confianza y legitimidad como organismo en pro de una sociedad. Y cita el ejemplo de las manifestaciones del octubre y diciembre pasados, quienes afirmaban que les resultaba preocupante ser detenido o siquiera estar cerca de la policía, ya que creían, incluso que podrían ser capaces de desaparecerlos. “Me parece increíble que las personas que se supone están a cargo de nuestra seguridad, sea a quien más miedo y pavor les tenemos, la SSP esté totalmente deslegitimada”, comenta.
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Espino Balderas complementa lo anterior, afirmando que cuando un estado está en vías de descomposición y elevados los índices de corrupción, violencia y narcotráfico, surgen grupos que exigen restablecimiento de la paz y seguridad pública, así se incrementan los comunicados de guerrillas o supuestas guerrillas, las acciones paramilitares y la explosión de las autodefensas, además de manifestaciones constantes, es ahí cuando el gobierno necesita estabilizar y quienes demuestran estar en contra de éste, por medio de movimientos sociales, se da la tendencia de desactivar bases, generalmente por ataques y golpeteo a grupos estudiantiles, provocando ciertas situaciones de crisis o esquizofrenia en activistas, citando como ejemplo los balazos que se dieron en la Universidad Autónoma de México (UNAM), por parte de la policía, a lo que se le puede calificar como una acción de contrainsurgencia bien ensayada, con la asesoría de grupos extranjeros.
A la par de esto, en la policía del DF existe la tendencia de repetir el patrón de detenciones y desactivaciones de movimientos, perpetrado por el Gobierno Federal y eso incluye la persuasión o presión de jueces, convirtiéndose así en una regencia y no en una jefatura de gobierno.
Espino Balderas concluye que ataques como el llevado a cabo en la UNAM, es un síntoma de la enfermedad del sistema. Y explica que “cuando un policía del DF reacciona sacando el arma y disparando en un espacio como Ciudad Universitaria (CU), estamos hablando de que existe una conciencia de impunidad, derivado de una política de gobierno que le permite a él estar confiado al hacerlo”.
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Foto: Ameyalli Díaz

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