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DINERO Y PODER, ANZUELOS DEL SISTEMA PARA ACTIVISTAS

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DINERO Y PODER, ANZUELOS DEL SISTEMA PARA ACTIVISTAS

El poder y el dinero son los anzuelos que utiliza el sistema político mexicano para cooptar a los líderes de la sociedad civil organizada, afirman activistas y estudiosos de los movimientos sociales.

La forma habitual utilizada por el gobierno para comprar conciencias y cooptar liderazgos que emergen desde las trincheras de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) son el poder, dinero y más poder, aseguran los expertos consultados por SinEmbargo. Una voz crítica se acalla con un puesto en una Secretaría, con una candidatura o una consejería, plantean. El sistema lanza la tentación y el activista muerde el anzuelo en medio de un círculo vicioso, que no parece tener fin.

Es una estrategia común, bien probada, conocida y que rinde frutos, exponen. Luchadores sociales sucumben ante la tentación de liderazgos de todo tipo: desde el joven, el ama de casa, el intelectual, el que se levanta en armas, el que exige justicia y critica al Estado.

Para todos hay, afirman quienes han vivido en carne propia el activismo y han tenido que renunciar a su tranquilidad por no pactar. Porque para el que se niega a recibir dinero y poder, dicen, el sistema también tiene salidas: la cárcel, la persecución e incluso la muerte.

Protesta NL III
La sociedad civil ha tomado las calles ante la falta de respuestas de las autoridades a su problemática. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).– “Ese se anduvo paseando toda la noche en el Consejo, pero lo único bueno, fue que no le dieron nada”, dice Agustín Guerrero Castillo, uno de los colaboradores del ex Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubón, luego de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) dejara fuera al ex mandatario de una candidatura plurinominal.
Guerrero Castillo está molesto y se refiere a Antonio Attolini Murra, ex vocero de Movimiento #YoSoy132, quien estuvo considerado en las listas perredistas para una candidatura plurinominal en los primeros lugares de la cuarta circunscripción electoral. Attolini Murra sí entró, Marcelo Ebrard no.
Antonio Attolini compartía listado con Jesús Zambrano Grijalva, ex presidente nacional del Sol Azteca y con Luis Maldonado Venegas, quien fue secretario general de Gobierno del Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y creador de la “Ley Bala”. Pero no se la dieron, a pesar de que, según Guerrero Castillo, estuvo “cabildeando” el sábado 14 de febrero con los perredistas en el Consejo Nacional del partido una curul.
Sin embargo, aunque no ganó una candidatura, Attolini obtuvo gracias a su activismo distintos puestos que implicaron poder: de ser un vocero del Movimiento #YoSoy132 saltó al programa de Televisa “Sin Filtro”–la empresa que originalmente criticó cuando fue activista–, luego a una columna en el periódico El Universal y después a formar parte del equipo de trabajo del Senador perredista Zoé Robledo Aburto.
Así, ahora es común tropezarse con el rostro de Antonio Attolini en los pasillos del Senado de la República y en eventos del Sol Azteca, bien vestido y con los zapatos lustrosos, codeándose con los políticos, como el último caso que significó un reparto de candidaturas para las elecciones de este año.
El caso de Antonio Attolini no es único. Como él hay varios líderes de organizaciones civiles que luego de ser activistas, obtuvieron una secretaría, una diputación, una candidatura, algún puesto relacionado con el gobierno, o todas las anteriores. Están ahí, a la vista de todos.
“Este caso me parece una traición a sus principios, pero como él hay muchos. No quisiera decir nombres contemporáneos, porque algunos son mis amigos”, dice Jorge González de León, representante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) al referirse al joven ex activista Attolini.
Pero aunque no quiere revelar nombres, reconoce que es una práctica común del sistema político mexicano para cooptar conciencias. Para Jorge González la trinchera del activismo y el poder político no se pueden mezclar. Ser activista y acceder a un ofrecimiento, es cooptar su conciencia.
“Por supuesto que estás cooptado. Están utilizando una notoriedad de haber destacado en una organización ciudadana para fines particulares. Es un problema sistémico, de cultura y de idiosincracia de este país. Un país corrupto”, agrega.
Jorge González no justicia el “cambiarse de bando”, bajo el argumento de que a través del poder se puede servir mejor a los ideales que se perseguían desde la trinchera de la sociedad civil organizada.
Por lo contrario dice y cita al ex Presidente de Uruguay José Alberto Mujica Cordano:
“Más bien citaría a Mujica que dice que los que quieren hacer dinero, no deberían de entrar a la política, porque la política no debe tratarse de hacer dinero” y agrega que el poder siempre ha sido una tentación que muchos activistas no resisten.
Sin embargo, México está plagado de historias de activistas que pasaron de las filas de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), a los brazos del poder político.
Una de ellas es Martha Delgado Peralta, una mujer con más de dos décadas dedicada al activismo ambiental y que, desde 1993 se convirtió primero en asesora de la Presidencia del Instituto Nacional de Ecología, luego en Diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y durante la gestión de Marcelo Ebrard, en la Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal (GDF).
El mismo Santiago Creel Miranda, fundador de la revista Este País y cercano al Premio Nobel de Literatura Octavio Paz. Creel formó parte en 1994 del Grupo San Ángel que incluía intelectuales y líderes sociales y ese mismo año fue Consejero Ciudadano del Consejero General del Instituto Federal Electoral (IFE), luego Diputado federal plurinominal por el Partido Acción Nacional (PAN) y Secretario de Gobernación durante la administración de Vicente Fox Quesada.
O la bióloga Julia Carabias Lillo, una defensora del medio ambiente que emergió de la academia y que se convirtió en la Secretaria de Recursos Naturales y Pesca en el Gobierno del ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Durante su gestión, quien fue su esposo José Woldenberg Karakowsky, fue designado consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE).
Isabel Miranda de Wallace es otro claro ejemplo. Una mujer que surgió a la opinión pública repentinamente cuando colocó espectaculares en las avenidas más importantes del Distrito Federal con las fotos de los supuestos secuestradores y asesinos de su hijo Hugo Alberto Wallace, a quien dijo, buscó con sus propios medios hasta dar con ellos.
Gracias a su lucha por justicia Miranda de Wallace obtuvo notoriedad y creo la asociación civil “Alto al Secuestro” de la cual es presidenta. En 2012 fue candidata del Partido Acción Nacional a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Aunque ella no obtuvo la jefatura, ese mismo año su sobrino Andrés Sánchez Miranda ganó una diputación plurinominal y actualmente ocupa una curul en el recinto legislativo de San Lázaro.
Luego de los puestos ganados y de lograr encarcelar a quien afirmó son los secuestradores de su hijo, la periodista Anabel Hernández puso en duda su versión al publicar una investigación en revista Proceso, donde publicó que había otra acta de nacimiento del hijo asesinado.
“En el momento en que se fecha el secuestro y homicidio de Hugo Alberto, el 11 de julio de 2005, tenía otra acta de nacimiento. De acuerdo con ese documento oficial, cuya copia certificada fue obtenida por Proceso, su nombre es Hugo Alberto Miranda Torres y nació el 12 de octubre de 1969 en el Distrito Federal. En 1975 la misma persona obtuvo otra acta de nacimiento con el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda”, escribió Hernández.
Estos casos han resaltado en la vida política nacional. Pero de acuerdo con los expertos y estudiosos de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), el ofrecer cargos y puestos en el gobierno o curules a los liderazgos para cooptar sus conciencias, es sólo uno de los mecanismos que utiliza el sistema político mexicano.
El otro, y el más socorrido, es el dinero público y hasta el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Isabel Miranda de Wallace, directora de la Asociación Alto al Secuestro, y Alejandro Martí García, titular de la asociación civil México SOS, a su salida del "Foro Internacional de Seguridad Pública, por un Modelo Policial Digno", realizado en la Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro
Isabel Miranda de Wallace, directora de la Asociación Alto al Secuestro, y Alejandro Martí García, titular de la asociación civil México SOS, a su salida del “Foro Internacional de Seguridad Pública, por un Modelo Policial Digno”, realizado en la Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro
EL PODER Y EL DINERO SEDUCTOR
En México hay 24 mil 847 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) registradas en el Registro Federal de las OSC (ClUNI), sólo de 2004 a la fecha. De ellas, 23 mil 007 corresponden a Asociaciones Civiles (AC).
De acuerdo con el Registro de Donatarias Autorizadas del SAT actualizado, hasta octubre de 2014, en México hay 10 mil 781 organizaciones civiles y fideicomisos de diversa índole que pueden otorgar recibos deducibles de impuestos.
El resto, dice Manuel Saturnino Canto Chac, cuya línea de investigación está enfocada al tema de funciones públicas y agentes no gubernamentales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), subsiste gracias a donativos gubernamentales.
Canto Chac indica que actualmente, si bien los gobiernos tratan de “neutralizar” a los movimientos sociales que son opositores, llevándolos a formar parte del aparato gubernamental, una de las formas más socorridas es el dinero tanto público como privado.
Dinero privado, porque para poder ser una organización donataria autorizada por el Sistema de Administración Tributaria, requiere superar varios filtros.
“La legislación de Hacienda en México se hizo repitiendo las mismas restricciones que en Estados Unidos, en específico para ser donataria no se pueden tener acciones que tiendan a la modificación de la legislación. En el contexto norteamericano se explica, aquí la intención es que el peso de las ONG´S no pueda ser utilizado a nivel político, si no conviene a los intereses del Estado”, explica.
Una restricción para ser donatarias muy conveniente para el Estado, expone.
Oscar de los Reyes Heredia, director del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe y experto en organizaciones civiles, agrega que, por otro lado, el que las organizaciones civiles estén vinculadas necesariamente a los apoyos gubernamentales, les resta autonomía, situación que el poder aprovecha.
Según los datos del experto, en 2010 las personas morales públicas donaron dos millones de pesos. Las personas físicas extranjeras donaron 50.18 por ciento a las organizaciones a las organizaciones donatarias.
De las que asociaciones que no están autorizadas ante el SAT para ser donatarias, más de 50 por ciento de su financiamiento proviene de las arcas públicas.
“Las ONGs en México están en un estado de vulnerabilidad, porque los apoyos gubernamentales les resta autonomía, es aprovechado por el poder para convertirlas en una suerte de clientela política, hablo de un sector, no de todas. Hay otra fracción de organizaciones que fue creado para aliarse con el gobierno, eso me parecer a mi éticamente cuestionable, porque buscan organizarse con el fin de tener beneficios gubernamentales e incluso representan alternativas para el desempleo”, detalla.
El especialista indica que hay otro tercer sector: las organizaciones civiles consolidadas y serias, que realizan la función que debiera corresponder al Estado y que se mantienen al margen del poder, porque nunca pertenecerán al sector público.
“Hay líderes que pasan a formar parte de puestos en el gobierno, diputaciones, candidaturas, eso no lo cuestionaría tanto, porque me parece importante que alguien con experiencia en la sociedad civil pueda incursionar más adelante en la toma de decisiones públicas, porque tienen mayor sensibilidad de la problemática que viven. Estoy hablando de líderes con una trayectoria impecable, no de los que usan a las ONGs como un trampolín para llegar al poder”, dice.
Pero el experto explica que en el país existe una “reiterada” intención de los actores de poder de transgredir y cooptar tanto a las organizaciones, como a sus liderazgos, lo cual logran con éxito.
Y lo que resulta más aberrante, agrega: los actores políticos que desde el ámbito público promueven la creación de organizaciones para obtener prestigio.
“En México es muy seductor para los actores políticos, tener la posibilidad de establecer negociaciones y de convertir a ciertas organizaciones a su clientela ofreciendo cargos y puestos. Difícilmente una organización consolidada y con prestigio moral la acepta,
pero está la posibilidad muy seductora para acceder al poder”, dice.
Oscar de los Reyes asegura que en su experiencia y trabajo en el sector de las ONGs, encontró un buen número de organizaciones vinculadas con políticos y partidos políticos.
Pero, ¿qué sucede cuando un líder de alguna organización civil se convierte en un funcionario público?, se le pregunta.
El investigador vacila, pues para él cuando el personaje surge de una asociación responsable y con una clara participación en lo público, no necesariamente es cuestionable, cuando el proceso de ingreso al poder es transparente.
“Pero lo que sí me parece cuestionable es aprovechar el trabajo de una organización para buscar una posición política”, subraya.
Erick Dagoberto Fernandez Saldaña, coordinador de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana, dice: “Habría que preguntarse, ¿qué tanta reflexión realizan estos líderes antes de abandonar el campo tradicional de la acción social y convertirse en agentes inmersos en el esquema de los partidos políticos y el mismo sistema que en ocasiones critican?”.
El analista de la Ibero detalla que históricamente el margen de acción de las personas con intereses de la sociedad civil, no está en el esquema de los partidos políticos o del gobierno.
“El conflicto es el poder. Observan su participación civil como un trampolín. Los partidos políticos buscan el poder, mientras que la organización social no”, explica.
Pero los liderazgos que están interesados en el poder político, son un “caldo de cultivo” para el Estado y los gobiernos.
Los expertos consultados por SinEmbargo coincidieron en que es necesario establecer mecanismos de regulación del flujo de dinero público que reciben las ONGs.
“La ausencia de disposiciones normativas que regulen eficazmente la actividad de las organizaciones de la sociedad civil, porque en muchos de los casos encontramos a muchas que son instrumentos encubiertos de los partidos”, opina Oscar de los Reyes.
El investigador agrega que se deben establecer mecanismos de identificación y evaluación de la participación y el trabajo de las ONGs: cuáles de las más de 24 mil que están registradas, sí aportan al desarrollo del país y cuáles de esas, son sólo un membrete para servir al poder.
Manuel Saturnino Canto indica que una forma de blindar a las organizaciones es no cobrándoles impuestos.
“Si no estoy haciendo actividades lucrativas, no me puedes cobrar impuestos. Jamás ha habido una decisión que pueda favorecer a la gran mayoría de organizaciones civiles”, dice.
Pero para Jorge González de León, la mejor forma de blindar a las organizaciones, es a través de liderazgos que no sucumban ante las tentaciones del poder.
Muchos de ellos con el argumento de que en un espacio de toma de decisiones, pueden llevar las voz de la sociedad civil y contribuir más.
“Decir que en el gobierno contribuirán más, es una justificación que ojalá les calme un poco la conciencia”, plantea.
NEGARSE AL PODER
Los activistas Julián Lebaron y Francisco Sicilia, dos voces de la sociedad civil. Notimex
Los activistas Julián Lebaron y Javier Sicilia, dos voces de la sociedad civil. Foto: Notimex
A Julián LeBarón, un activista de Chihuahua, que vivió el secuestro y asesinato de su cuñado Alfredo Apodaca, el de su tío Raúl Rascón y su hermano Benjamín, José Francisco Blake Mora le ofreció un cargo en un área de Atención a Víctimas, cuando era Secretario de Gobernación en la administración del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
“Yo soy constructor, una persona que no sabe distinguir entre el trigo y el sorgo. Me llaman en 2011. También Andrés Manuel López Obrador me ofreció ser Senador. A mi no me interesa en lo más mínimo la política, y ese es el problema de México: ponen a gente que no está preparada para los puestos, a través de contrataciones a oscuras”, dice.
Para LeBarón las organizaciones civiles mexicanas tiene un “cero en credibilidad en la población”.
“En el momento en que el liderazgo cívico aspira al poder político, se corrompe. El poder político no nos representa”, afirma.
Lo mismo opina Javier Sicilia Zardain, el poeta, escritor y líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).
Sicilia se considera un “anarquista” y no acepta la idea de que un líder emergido de la sociedad civil, se refugie en los brazos del poder político.
“Yo soy anarquista y para mi el poder corrompe. Esa es mi posición. Al poder hay que presionarlo desde las bases, quien pacta con él, termina en las traiciones”, afirma.
Como LeBaron, a Sicilia también Andrés Manuel en su momento le ofreció una senaduría por Morelos, cuando aún formaba parte de las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
“Lo de Andrés Manuel no era un ofrecimiento corrupto, porque él tiene la óptica de que hay que transformar las cosas con el sistema. Yo no lo creo así”, explica.
Javier coincide con los expertos: el ofrecimiento de cargos públicos es una práctica común para cooptar movimientos sociales.
“Fingen que apoyan sus demandas. Pero en el fondo es entrampar a las organizaciones en un rollo burocrático, fragmentar las agendas, fingir que hay una vida democrática”, dice.
Para ambos activistas el Estado premia a los líderes que se “alinean” con cargos públicos y a los que no, los persigue con cárcel o los asesina.
Un caso paradigmático es el de Jesús Manuel Mireles Valverde y el de Hipólito Mora, ambos fundadores del movimiento de autodefensas de Michoacán: el primero encarcelado en una prisión de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora y el segundo, candidato a una diputación federal por el partido Movimiento Ciudadano (MC).
“Si tomas posiciones como las de Mireles, que está en la cárcel porque le sembraron armas y droga y a Hipólito que pacta y se mantiene en todos los canales legales. Ahí se ven las trampas de la corrupción”, indica.
Otro de los casos es el de Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, un activista de Guerrero perseguido por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
“Nuestra postura en el trabajo que hacemos en las comunidades de Guerrero es clara y de ahí que el gobierno nunca se haya acercado ni atrevido a decirnos que podamos ser partícipes de algún puesto. Sentimos que esta postura clara trae aparejada una actitud hostil, que se traduce en una campaña de desprestigio a través de un linchamiento mediático”, dice.
El CISEN liga a Barrera Hernández y a sus colaboradores con los grupos guerrilleros de la entidad.
“Decir que estamos atendiendo una agenda oculta, para denigrar nuestro trabajo como defensores y descalificarnos, decir que no actuamos por cuenta propia, sino por otros intereses”, indica.
Abel Barrera señala que hay una práctica recurrente de parte del Estado y de los gobiernos por cooptar conciencias a través de cargos, para desdibujar a los líderes.
“Es una estrategia ya trabajada por el gobierno y le ha dado resultados, porque así neutraliza las luchas, controla a los movimientos, y silencia a los líderes. Eso hace que se fortalezcan más las estructuras autoritarias y que se desdibujen los actores independientes al entrar a la lógica de un poder político con intereses”, argumenta.
ACTIVISTAS CONSEJEROS DEL PODER
En el caso de Antonio Attolini, el poder político cumplió con su cometido: el Movimiento #YoSoy132 se deslindó de él inmediatamente después que aceptó formar parte del programa “Sin Filtro” de Televisa.
Y cuando se realizó el “Cerco al Senado” del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en diciembre de 2013 en el marco de la discusión de la Reforma Energética, Attolino tuvo que huir de la muchedumbre que le gritó “traidor”, cuando llegaba al recinto legislativo. Le impidieron la entrada.
De acuerdo con varias notas publicadas en la prensa nacional por esos días, el ex activista fue visto también en una de las áreas del Senado de la República, lo que causó una ola de protestas en su contra.
Attolini dejó de ser un personaje cercano a la causa social, para convertirse en una figura ligada al poder político al trabajar con un Senador perredista.
Otros activistas fungen como intermediarios del poder político y la sociedad civil. No renuncian a su trinchera, pero se hablan al oído con el Presidente Enrique Peña Nieto.
El 23 de agosto de 2012 se reunieron con Peña Nieto varias asociaciones civiles para fijar una agenda de trabajo común.
María Elena Morera, presidenta de la asociación civil Causa en Común, fue nombrada “facilitadora del diálogo entre el equipo de Peña Nieto y las ONGs”.
Morera surgió a la vida pública como activista en el año 2000, cuando vivió el secuestro de su esposo Pedro Galindo. Entre 2003 y 2008 fue presidenta de la Organización México Unido Contra la Delincuencia. En 2010 fundó su asociación civil y se le conoció cercana a Genaro García Luna, cuando fungió como Secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón Hinojosa. Su hijo Juan Pablo Galindo Morera ingresó a la Policía Federal en 2008.
Durante lo que va de la administración de Peña Nieto, Morera ha permanecido muy cerca del poder, después de que aquel agosto de 2012, se formaran varios grupos de trabajo.

Algunos de los activistas que forman parte de esta iniciativa son: Consuelo Castro Salinas del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi); Suhayla Bazbaz, fundadora y directora general de Cohesión Comunitaria e Innovación Social; Paola Migoya del Colectivo Reforma Política Ya, consejera de Evolución Mexicana; Juan Pardinas , director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); Jana Palacios, consejera de Horizonte y Oportunidad y directora de Proyectos de Competencia y Buen Gobierno del IMCO; Claudio X. González Guajardo, cofundador y presidente de la asociación Mexicanos Primero, de Fundación Televisa, de la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (Únete); Mateo Lejarza, consultor independiente, y Pablo Girault, tesorero de México Unido Contra la Delincuencia.

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