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‘Promotores de la abstención’, artículo de Pablo Gómez

‘Promotores de la abstención’, artículo de Pablo Gómez

Daría la impresión de que los señores y señoras consejeras no han leído la Constitución mexicana, afirma el funcionario del PRD.
'Promotores de la abstención', artículo de Pablo Gómez
(Foto: Archivo / Cuartoscuro)

Por Pablo Gómez
Promover la abstención electoral podría ser para cualquiera hasta loable en un país tan deteriorado como México. Pero que lo haga la autoridad electoral es algo inexplicable, anómalo, irrisorio o patético. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) se permitió afirmar, con motivo del registro de los candidatos del PRI, que las elecciones no resolverán ningún problema. Esta idea es en realidad un argumento abstencionista. El consejero en cuestión agregó que las elecciones servían para el debate entre los partidos de cara a los electores. En reciente sesión del Consejo General del INE, luego de ser cuestionado al respecto, aclaró que él hablaba de las elecciones “per sé”. Sin embargo, el uso del latinajo –quiere decir algo así como “por sí mismas”—no quita ni pone nada a la tesis original: las elecciones no resuelven problema alguno.
La realidad es bastante dura como para que un consejero presidente de cualquier institución la pueda negar. Las elecciones resuelven el problema del poder del Estado. Sobre esta base, se pueden resolver los otros problemas de cualquier sociedad o también se pueden empeorar. La historia reciente de América Latina llegó a un punto en el cual todas las luchas anteriores desembocaron en triunfos electorales de las izquierdas y, en consecuencia, en la solución de problemas ancestrales de varios países. Pero Lorenzo Córdova no entiende nada de lo que ha ocurrido en su propio continente en los años recientes, cuando él tenía ya una edad adulta.
La tozudez abstencionista tuvo cierta consecuencia cuando, a propuesta del mismo Córdova, los consejeros electorales, todos ellos, se permitieron afirmar en carta de respuesta dirigida a los padres y madres de los 43 desaparecidos en Iguala, que el voto es un derecho pero no una obligación impuesta por el Estado. Eso de “impuesta por el Estado” no agrega ni quita nada, puesto que las obligaciones provienen de las leyes en el Estado secular. Daría la impresión de que los señores y señoras consejeras no han leído la Constitución mexicana, en la cual se establece como derecho y a la vez como obligación de los ciudadanos y ciudadanas el votar en las elecciones y en las consultas.
Cuando estos personajes fueron criticados y se les pidió que rectificaran, la mayoría de ellos se tomó la libertad de evadir el cuestionamiento y empezar a hablar de los “padres de Ayotzinapa”, de la “respuesta” que les dieron a ellos después de escucharles, pero ninguno puedo explicar cómo los integrantes del máximo órgano administrativo electoral del país pueden afirmar que las elecciones son un derecho pero no una obligación a pesar de lo que señala la Constitución mexicana desde tiempos inmemoriales. Cualquiera supondría que los consejeros y consejeras tienen conocimientos (o podrían tenerlos) sobre los textos constitucionales (ninguno de ellos ni de ellas acreditó al respecto examen alguno), pero no se trata tanto de conocimientos como de sentido de responsabilidad y de probidad: muchos de los que firmaron para negar lo que dice la Constitución se defendieron de la crítica diciendo que era necesario responder a los padres (yo agregaría madres) de los 43 estudiantes (yo agregaría desaparecidos) de Ayotzinapa y ninguna crítica podría negar el valor de tal respuesta pues se trata de personas que han sufrido, etc. La crítica de la tan desatinada argumentación de que el voto es un derecho pero no es una obligación carece de relación con la tragedia de Iguala, detrás de la cual se atrincheraron miserablemente los consejeros defensores de la tesis de que votar no es una obligación sino sólo un derecho. Esos consejeros y consejeras no están en el INE para difundir sus teorías o convicciones (si las tuvieran) sino para hacer su trabajo, el que la ley les exige. No es aceptable que desde el INE se expongan argumentos en apoyo a la abstención. Por ello, ya se ha hecho necesario pedir a los consejeros y consejeras que callen la boca en su calidad de autoridades.
Las cosas llegaron al extremo cuando la consejera San Martín se tomó la libertad de decir que el INE tiene como una de sus funciones la de crear ciudadanía. Fuera de toda teoría del Estado (hasta de la más idiota), San Martín le asigna a una institución estatal la tarea de crear ciudadanía cuando todo mundo (hasta los más estatistas y los peores liberales decimonónicos) saben que el Estado no crea ciudadanía sino que contiene su formación. El Estado hace clientelas, corporaciones. La ciudanía se crea en el proceso de las relaciones libres mercantiles, por un lado y, por el otro, de las organizaciones solidarias de los trabajadores. La libertad no se fomenta desde el Estado, sino que es éste el que tiene que admitir derechos y reclamos de la sociedad que busca actuar con independencia del Estado mismo. Esto es elemental, pero no, en el INE no hay conocimientos básicos sino un cuerpo, unas relaciones corporativas de cuerpo cerrado dentro del cual se consienten los errores o las transgresiones de cada cual y de todos. Estamos un poco peor.

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